La situación de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, se complica y es que el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial variar la comparecencia con restricciones dictada el año pasado, por una orden de 36 meses de prisión preventiva.
La fiscalía informó que el fiscal Carlos Puma Quispe, del Equipo Especial del caso Lava Jato, pidió la misma medida para el exgerente de la Municipalidad de Lima, José Miguel Castro, el exgerente Gabriel Prado Ramos, Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde, César Simón Meiggs Rojas y Óscar Ricardo Vidaurreta Yzaga.
Como se recuerda, el juez Manuel Chuyo Zavaleta ordenó en agosto pasado, la coerción procesal que obligaba a la exalcaldesa metropolitana a ir todos los meses al Ministerio Público para el control correspondiente, a no ausentarse de la capital y no variar su domicilio sin previa autorización judicial.
Susana Villarán es acusada de haber recibido de manera irregular 3 millones de dólares de Odebrecht y 1 millón de la OAS para financiar la campaña por el «No» a la revocatoria.
Según Jorge Barata, exdirectivo de la multinacional brasileña en Perú, el dinero se pagó a pedido de José Miguel Castro −dos millones en Brasil y un millón en Lima−.
El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, señaló días atrás que la situación jurídica de la exalcaldesa de Lima podía variar debido a que las investigaciones en su contra «han progresado notablemente» por las recientes declaraciones de Barata en la ciudad brasileña de Curitiba, así como del testimonio de Leo Pinheiro, exdirectivo de la empresa OAS.
