El Estado declaró oficialmente este periodo como el “Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”, una frase que resume el mensaje institucional que marcará la agenda nacional. De esta manera de fine el nombre del año 2026.
La denominación fue aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 011-2026-PCM, y desde ahora formará parte de la identidad administrativa del país durante todo el calendario.
Con ello, se cerró una etapa de expectativa y se definió el eje conceptual que marcará la gestión pública durante todo el año.
Más allá de una frase protocolar, el nombre del año forma parte de una tradición estatal profundamente arraigada, que conecta historia, política y gestión pública.
Comprender su origen y su función permite dimensionar por qué esta práctica sigue vigente y conserva relevancia más de seis décadas después de su creación.
¿Cuándo y cómo nació el nombre oficial del año en Perú?
La práctica de asignar un nombre a cada año calendario se instauró formalmente en el Perú a inicios de la década de 1960. Fue durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry cuando, mediante un decreto emitido en diciembre de 1962, se estableció esta disposición administrativa, cuya aplicación comenzó en 1963.
Ese primer periodo fue denominado “Año de la alfabetización en todo el territorio patrio”, marcando el inicio de una tradición que se consolidó como parte del protocolo institucional del Estado.
Desde entonces, cada denominación rige entre el 1 de enero y el 31 de diciembre y debe figurar obligatoriamente en toda la documentación oficial del sector público.
Más que una frase: el valor político y administrativo del nombre del año
El nombre oficial del año no cumple una función decorativa. Su objetivo principal es comunicar las prioridades del Gobierno, reforzar valores sociales y orientar la narrativa institucional del Estado. Al incluirse en resoluciones, oficios y actos administrativos, se convierte en un elemento unificador de la gestión pública.
A lo largo del tiempo, estas denominaciones han reflejado momentos clave del país: celebraciones históricas, procesos de reforma, énfasis económicos, llamados a la unidad nacional o compromisos con la institucionalidad democrática. En ese sentido, el nombre del año funciona como una declaración de principios, capaz de condensar en una sola expresión el rumbo que el Ejecutivo busca destacar.
2026: esperanza y fortalecimiento de la democracia
La denominación del 2026 se sustenta en principios constitucionales y en la Política General de Gobierno 2025–2026, que prioriza una transición democrática ordenada y el fortalecimiento de la institucionalidad. El decreto señala como ejes centrales el respeto a la libertad de prensa, la autonomía de los organismos electorales, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción y la promoción del diálogo entre los distintos actores del Estado y la sociedad.
Al declarar este periodo como el Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia, el Gobierno busca reafirmar su compromiso con el orden constitucional y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la democracia como base del bienestar general.
Una tradición que ha resistido crisis y cambios políticos
Con más de seis décadas de vigencia, esta costumbre se ha mantenido casi sin interrupciones. Solo en tres ocasiones —1969, 1975 y 1998— no se asignó un nombre oficial al año. Más allá de estas excepciones, la práctica ha sobrevivido a transiciones de gobierno, crisis políticas y escenarios económicos complejos.
Esa continuidad ha permitido que el nombre del año se consolide como una referencia administrativa estable, reconocida tanto por entidades estatales como por instituciones privadas que, aunque no están obligadas, suelen adoptarlo de manera voluntaria en sus comunicaciones.
¿Quién define el nombre del año y cómo se oficializa?
La responsabilidad de elegir la denominación anual recae en el presidente de la República junto con el Consejo de Ministros. Una vez consensuada, la frase se oficializa mediante un Decreto Supremo, cuya publicación en el Diario Oficial El Peruano le otorga validez legal y obligatoriedad administrativa.
Este procedimiento garantiza que todas las entidades públicas utilicen una única denominación durante el año, asegurando coherencia y uniformidad en la comunicación institucional del Estado. Además, el decreto establece que el Ministerio de Cultura traduzca oficialmente el nombre del año a las lenguas indígenas u originarias, de acuerdo con el Mapa Etnolingüístico del Perú.
Los nombres del año en la última década
En los últimos diez años, las denominaciones oficiales han evidenciado las preocupaciones y objetivos centrales del país:
- 2016: Año de la consolidación del Mar de Grau
- 2017: Año del buen servicio al ciudadano
- 2018: Año del diálogo y la reconciliación nacional
- 2019: Año de la lucha contra la corrupción e impunidad
- 2020: Año de la universalización de la salud
- 2021: Año del bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
- 2022: Año del fortalecimiento de la soberanía nacional
- 2023: Año de la unidad, la paz y el desarrollo
- 2024: Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho
- 2025: Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana
Cada una de estas frases refleja el contexto político, social o económico que marcó ese periodo.
Un nombre que marca el tono del año
Con la oficialización del Nombre del Año 2026 en Perú, el Estado define el marco simbólico que acompañará su accionar durante los próximos doce meses. Más que un lema, la denominación se convierte en una referencia permanente que refuerza la identidad institucional del país y el mensaje que se busca proyectar tanto a nivel nacional como internacional.
